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La crisis financiera de las universidades públicas

Publicado: 20 octubre 2018 de semilleromemoriaypolitica en Colombia, Coyuntura Política, Movimientos Sociales

El país se prepara para recibir una de las marchas más grandes en las últimas décadas. El 10 de octubre, estudiantes, profesores y ciudadanos, saldrán a la calle en todos los rincones del territorio en defensa de la universidad pública y para exigir recursos que garanticen que puedan seguir ofreciendo educación de tan alta calidad, como hasta el momento han podido hacer. Simultáneamente, en el Congreso se realizará un foro por la dignidad de la educación superior. La idea es incidir en la decisión del gobierno sobre el presupuesto general de la nación para el año 2019. Sin duda, son marchas justas en defensa de la educación y la democracia.

La única opción para alcanzar la movilidad social que tienen los hijos de familias que vivieron en la pobreza es convertirse en estudiantes de alguna de las universidades públicas con que cuenta el país.

La propuesta del gobierno es adicionar 3,5 billones a las armas y la guerra. La propuesta de docentes y estudiantes es que, de esos recursos, se reasigne 1 billón para las universidades públicas, que se incrementen los recursos para el SENA, que se transfieran fondos del ICETEX hacia la educación oficial y que los 800.000 mil millones que cuesta anualmente el programa Ser Pilo Paga se inviertan por completo en las universidades públicas regionales. Veremos de qué manera elige defenderse el país: si con armas o con educación. Si la decisión se toma pensando en las próximas generaciones y el desarrollo nacional, no hay duda: mejoraremos significativamente los recursos para la educación.

En Colombia, sólo el 40% de los jóvenes de estrato uno culmina la educación media y tan solo el 10% de ellos logra ingresar a la educación superior. La sociedad es especialmente injusta con ellos porque los condena a seguir viviendo en la marginalidad y la miseria. La única opción para alcanzar la movilidad social que tienen los hijos de familias que vivieron en la pobreza es convertirse en estudiantes de alguna de las universidades públicas con que cuenta el país. Lo demás es jugar irresponsablemente con las ilusiones de las más pobres o apostarle a la lotería, en la que los que ganan, según la teoría de la probabilidad, son menos que los que reciben el impacto de un rayo en vida. Colombia sigue siendo un país con muy alta iniquidad y muy baja movilidad social. La educación oficial tiene la llave maestra para superar estas dos tragedias que cargamos de tiempo atrás.

Para leer: En las universidades oficiales no son bienvenidas ni las pedreas ni la fuerza pública

Diversas investigaciones que he hecho y otras consultadas de la Universidad de los Andes concluyen lo mismo: cerca del 90% de los jóvenes vinculados a la educación pública aspiran a continuar sus estudios superiores en una universidad oficial, pero ésta le cierra a la mayoría sus puertas con candado. Sus sueños se truncan y desde muy jóvenes terminan vinculados al mundo laboral, frenando así cualquier posibilidad de movilidad social.

De los 540.000 jóvenes que cada año se gradúan de la educación media en Colombia, el 90% pertenece al estrato 1, 2 o 3. Relativamente pocos de ellos logran ser admitidos en una universidad oficial. En la Universidad Nacional, de 75.000 que se presentan, tan solo logran ingresar 5.000. En la de Antioquia ingresan 5.000 de los 50.000 que lo intentan, en la del Atlántico son admitidos 3.000, pero se presentan 30.000.

Desde hace algunos años, las universidades públicas, están en cuidados intensivos a nivel financiero. La explicación es sencilla: En 1993 recibían, por cada estudiante, un monto de 10,8 millones de pesos por parte del Estado. Hoy, 25 años después, las transferencias han pasado a 4,8 millones de pesos por estudiante. Una caída sensible que se origina en que el incremento en el número de estudiantes no estuvo acompañado por uno similar en los recursos girados. Es así que, en 1993, las universidades oficiales contaban con 159.000 estudiantes, en tanto hoy acogen a 611.000. La situación es todavía más grave si se tiene en cuenta que los estudiantes de maestrías y doctorados vienen creciendo exponencialmente; y que el costo de tener un estudiante en maestría es más de tres veces superior al que se requiere en el pregrado.

La Ley 30 de 1992 determinó que las transferencias a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC. El problema grave es que los costos crecieron muchísimo más al cuadruplicarse los alumnos que recibieron, al aumentar los estudiantes en maestrías y al elevarse los niveles de formación, publicación y titulación de los docentes. El déficit se fue agravando año a año. Quienes asistimos a las universidades oficiales del país sabemos que pueden carecer de condiciones mínimas de infraestructura. Literalmente algunos de sus edificios se están cayendo.

¿Cómo pudieron subsistir con este creciente déficit financiero? Hay varios factores para explicar la continuidad de las universidades a pesar de la crisis de sus finanzas; pero, sin duda, el más importante ha sido el recurrir a la venta de sus propios servicios e investigaciones al sector público y privado. Es una estrategia comprensible, pero riesgosa en el mediano plazo, ya que desvía a la universidad de sus fines esenciales. En 1993, la Universidad Nacional recibía de la nación el 75% de todos sus ingresos, en tanto hoy en día recibe el 50%, y el otro 50% lo consigue mediante contratos que celebra con el Estado y con el sector privado. Un monto muy similar se alcanza para el resto de las universidades públicas regionales, con el agravante de que en ellas el traslado de los costos hacia los estudiantes ha sido cada vez mayor.

Que las universidades participen en la generación de sus finanzas tiene un elemento positivo: contribuye a la necesaria articulación entre la universidad y la sociedad. Sin embargo, llegamos a un límite que sería muy riesgoso de superar, ya que esta ruta ha obligado a directivos a desplazarse de sus funciones esenciales: la generación de conocimiento y la formación de las nuevas generaciones.

Otro mecanismo particularmente grave al que han tenido que recurrir las universidades públicas es aumentar el número de docentes temporales y de cátedra. Hoy por hoy, el 43% de todos los docentes en las universidades están vinculados como catedráticos y el 21% como ocasionales, cuando diez años atrás el promedio era del 36% y del 20%, respectivamente. Esto amenaza seriamente la calidad de la educación superior pública a mediano plazo. Con docentes catedráticos y ocasionales que no participan en espacios de reunión y planeación, la reflexión pedagógica tiende a desapacer. Con humor negro son apodados como los profes “rateros”: un rato aquí y otro allá.

Las universidades están en mora de revisar, entre otros, sus modelos pedagógicos, su responsabilidad en la formación de mejores ciudadanos, sus sistemas de evaluación y su estructura curricular. No es sólo una cuestión de inyectarles más recursos. Tienen que repensarse en términos institucionales, administrativos y pedagógicos. Aun así, esas serán tareas casi imposibles de realizar sin contar con docentes de tiempo completo y de planta.

La situación de las universidades públicas se complica si se tiene en cuenta la gigantesca campaña mediática de desprestigio que han sufrido. Se dice que son instituciones de baja calidad, que allí estudian “tirapiedras”, desadaptados y guerrilleros; que los docentes “lavan el cerebro” de los estudiantes, que son excesivamente costosas y miles de mentiras y falacias. Es así, que, aunque en las dos últimas décadas la Universidad Nacional no ha suspendido un solo semestre, es común la malintencionada afirmación de que en las universidades oficiales las carreras duran mucho tiempo más debido a los supuestos cierres prolongados que sufren. Es más, la Nacional no tuvo ningún cierre de más de un día durante todo el tiempo que duró el proceso de paz. Todos sabemos que fue un tiempo extenso. Pero eso tampoco lo saben los colombianos.

El país no sabe que son públicas ocho de las diez mejores universidades en valor agregado y en apropiación social de conocimiento, y que también lo son tres de las cinco universidades que más están consolidando los procesos de investigación a nivel nacional.

Pero lo más importante de todo, lo que nunca podremos perder de vista, es que la única opción para que los pobres de América Latina salgan de la pobreza es fortalecer la educación pública. Sin ésta, ellos estarán condenados a vivir eternamente en la miseria. Por ello, como muchos otros, también anuncio que respaldaré a los docentes y a los jóvenes del país en las marchas que se realizarán el 10 de octubre. Marcharé, porque tengo claro que un país que no defiende su educación pública no merece llamarse una democracia.

*Director del Instituto Alberto Merani

https://www.semana.com/educacion/articulo/razones-para-que-el-10-de-octubre-marchen-por-defender-la-universidad-publica/586172

Colombia destina mucho dinero para la guerra

Publicado: 20 octubre 2018 de semilleromemoriaypolitica en Colombia, Coyuntura Política, Movimientos Sociales
POR JAVIER ALEXANDER MACÍAS | PUBLICADO EL 12 DE OCTUBRE DE 2018
El alto presupuesto militar ha ubicado a Colombia como uno de los países que más gastan en este tipo de rubros. El país se ubica en el cuarto puesto en el continente americano.
Sin ser considerados los tiempos más duros de la confrontación armada por la salida de las Farc del mapa de las hostilidades tras el Acuerdo, el presupuesto militar en los últimos cinco años en Colombia no ha bajado de los 8 mil millones de dólares y, solo en 2017 y lo que va de 2018, se gastaron USD$9.714 millones en este rubro.

En los cuatro años que duró la negociación con este grupo guerrillero, lapso en el que el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac, registró una reducción de las acciones armadas en un 98% al pasar de 1,51 a 0.03 diarias “llegando a sus niveles mínimos en 52 años en número de víctimas, combatientes muertos y heridos”, el gasto militar en Colombia ascendió a 43.258 millones de dólares, registro hecho por el Instituto Internacional de Investigación sobe la Paz de Estocolmo, Sipri, por sus siglas en inglés.

El incremento de un gasto militar, aun en países como Colombia que acaba de firmar la paz con uno de los grupos más violentos en la historia del conflicto armado, y tiene otro proceso suspendido con el Eln, es motivo de preocupación para las autoridades del mundo. Dice Jan Eliasson, presidente de la Junta Directiva de Sipri, que este tipo de decisiones “minan la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos de todo el mundo”.

Este aumento en el gasto llevó a Colombia a ocupar el segundo puesto en Suramérica, después de Brasil, y el cuarto en todo el continente americano (ver infografía).

¿Por qué tan alto el gasto?

Un mes después de su posesión como ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseveró que solicitaría un aumento del presupuesto en 1.1 billones de pesos para esta cartera que agrupa a la Fuerza Pública, encargada de brindar seguridad a los colombianos.

“Necesitamos una asignación algo superior para el presupuesto de inversión, que nos permitiría enfrentar los avances tecnológicos con mayor claridad”, dijo Botero.

Sin contar más detalles, el nuevo minDefensa indicó que las Fuerzas Militares y de Policía deben garantizar en todo el territorio la defensa “de la vida , la honra y los bienes de los ciudadanos”, y en esta vía se buscaría el fortalecimiento de los integrantes de la Fuerza Pública para enfrentar las nuevas amenazas. Además, habló de un posible “fortalecimiento del sistema de defensa antiaérea multicapa a nivel nacional”, expresión que le desencadenó una lluvia de críticas, por lo que tuvo que salir a retractarse de tal aseveración.

No obstante, en el Plan Estratégico de este ministerio quedó consignado que “será fundamental conservar unas Fuerzas Armadas motivadas, modernas, fortalecidas y eficientes, a fin de garantizar la irreversibilidad de los acuerdos alcanzados y enfrentar de manera decisiva el resurgimiento o desarrollo de nuevas amenazas”, y la única forma de conseguir este objetivo es con el fortalecimiento del presupuesto militar.

Bajo esa premisa, Jairo Delgado, general (r) de la Policía y analista en seguridad y defensa nacional, califica como normal este alto flujo de dinero, más porque con la salida de las Farc de los territorios hubo que devolver tropas hasta zonas muy alejadas, y esto requiere gastos de logística.

“Se necesita una cobertura territorial en zonas donde hace muchos años se tuvieron que retirar unidades policiales y volver a llevarlas demanda gastos logísticos y mejorar el pie de fuerza. Esto involucra incorporar un número de hombres y mujeres que pudieran atender esas necesidades. En el aspecto de confrontación armada, se necesitarían nuevos pertrechos, vehículos fluviales y nuevas armas”, indicó Delgado.

Afirma el general (r) que es “un gasto necesario”, pero no se puede incurrir en el error de pensar que Colombia entró en una carrera armamentista, pero “hay un déficit en la capacidad de armamento persuasivo si se compara con otras fuerzas del continente”.

Delgado añade un elemento más a la justificación del elevado gasto: la lucha contra el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito que de acuerdo al último informe de la Oficina contra las Drogas y el Crimen, UNODC, aumentaron el número de hectáreas sembradas al pasar de 146.000 en 2016 a 171.000 en 2017.

“Este delito representa una situación de alta inestabilidad y problemas de seguridad. Ahora hay que combatir estructuras transnacionales y eso demanda recursos adicionales como el uso de helicópteros, aviones y otros instrumentos”, expresa Delgado.

Esta misma percepción la tiene el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega. Este especialista considera que aunque las Farc ya no están entre los objetivos principales a perseguir por la Fuerza Pública, nuevas amenazas se ciernen sobre el territorio colombiano y es necesario combatirlas efectivamente para evitar que los niveles de violencia vuelvan a presentarse.

“Ahora salieron las disidencias, otro grupo armado ilegal que requiere atención del Estado porque está afectando a las comunidades más alejadas. Por ejemplo: ¿cuánto cree que se han gastado buscando a alias Guacho. El despliegue de tropas ha sido grande para dar con el paradero de una persona que hasta hace unos meses no representaba un dolor de cabeza para las autoridades”, comenta Ortega.

Y no es solo “Guacho”, agrega el experto, “son otros grupos que han llegado a los territorios, lo que representa un doble esfuerzo de las Fuerzas Militares para combatir a los nuevos grupos ilegales”.

“Es un despilfarro”

Con el inicio del posacuerdo y la necesidad de un presupuesto alto para la implementación de los puntos del proceso entre el Gobierno y las Farc después del desarme de esta guerrilla, que se mantenga un gasto tan alto es para Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, un despilfarro.

González asevera que no hay justificación para mantener un gasto militar tan alto, máxime cuando en programas como la reforma rural integral consagrada en el Acuerdo, se necesitan mínimo 3 billones de pesos, y los problemas que se presentan con la reincorporación, cuyo costo de 6.35 billones para los próximos ocho años busca ser garantizado mediante un documento Conpes, tienen grandes falencias económicas.

“El ministerio de Defensa tiene un exceso y gasto superior a los puntos del PIB durante una década, y esto era justificado por la confrontación con las Farc, ahora sin ellos no hay justificación”, comentó González Posso.

El director de Indepaz asevera que estos recursos podrían invertirse en lo social y para solucionar los problemas que trae el posacuerdo en zonas en las que la ausencia estatal estuvo presente en más de cinco décadas de conflicto.

Lo mismo solicitan los líderes comunales que, en cada reunión con el nuevo Gobierno en los talleres Construyendo País piden más atención y que lo que se destinó para la lucha, se les traduzca en beneficios para sus regiones golpeadas por la guerra.

http://www.elcolombiano.com/colombia/colombia-destina-mucho-dinero-para-la-guerra-EH9485611?fbclid=IwAR2fz7WESUhjBWHrj_1L7esayPRdVZmRDii-64hkoJdX89w0sGuSSODHcC8

¿Cómo resolver el problema de las universidades públicas?

Por *Julián De Zubiría Samper

El país vivió un día histórico el pasado 10 de octubre. Multitudinarias movilizaciones lideradas por el movimiento estudiantil salieron en defensa de la educación pública y exigiendo que los recursos de la guerra se desplacen a la educación. El pedagogo Julián De Zubiría analiza los posibles escenarios para superar la crisis.

Julián de Zubiría analiza cómo resolver la crisis de las universidades públicas

El diez de octubre de 2018 será recordado como un punto de inflexión en la lucha por el derecho a la educación en Colombia. Las agencias internacionales estiman que más de medio millón de personas salieron a la calle en diferentes ciudades a defender las universidades públicas, hoy amenazadas por el abandono, la estigmatización y la desidia de los últimos gobiernos. No cabían los estudiantes en la Plaza “Che” de la Universidad Nacional y, como muy pocas veces, tampoco la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, alcanzó a albergar a los miles y miles de manifestantes. En hechos sin precedentes, las marchas estuvieron encabezadas por los rectores de las universidades oficiales, fueron acompañadas por miles de estudiantes de las universidades privadas y, durante el día, grandes grupos de jóvenes limpiaron las consignas que habían pintado previamente pequeños grupitos de estudiantes encapuchados. Sin duda, será un día histórico para la educación colombiana y si bien la gran mayoría de marchantes eran estudiantes, también lo hicieron profesores y ciudadanos que saben que la universidad pública tiene la llave maestra para disminuir la inequidad, fortalecer la movilidad social en el país y generar riqueza social.

Para recordar el día de la manifestación: De la plaza Che a la de Bolívar: así marchó la Nacional

Como muchos otros, agradezco a la vida el haber podido estudiar en la Universidad Nacional de Colombia. Recibí clase de los mejores docentes de la época, lo que me ayudó a desarrollar la pasión por la lectura, el pensamiento crítico, el compromiso social y una perspectiva más diversa y compleja del mundo. Pero son pocos los que tienen ese derecho, porque debido a la asfixia presupuestal en la que la han mantenido, de 75.000 aspirantes para el año 2019, sólo 5.000 fueron admitidos, aunque 14.000 habían aprobado el examen. Algo muy similar sucede en las otras 31 universidades públicas en las diversas regiones del país.

La humanidad no conoce una mejor manera para salir de la pobreza que la educación. Miles de vidas han sido transformadas por completo gracias a la muy alta calidad que ofrecen la mayoría de las universidades públicas colombianas. Más de la mitad de ellas cuentan con acreditación. Hoy, más de 650.000 jóvenes estudian en sus aulas. El 81% pertenece a los estratos 1, 2 y 3, en un bello ejemplo de integración y diversidad social. Sin educación pública, los estratos más bajos estarían condenados a vivir en las mismas condiciones de pobreza en la que vivieron sus padres. No hay duda: las universidades oficiales han sido el más importante mecanismo de movilidad social en la historia del país.

Rápidamente, el gobierno salió a ofrecer a los manifestantes una adición de 500 mil millones para las 32 universidades públicas para el 2019. Ignacio Mantilla, ex rector de la Universidad Nacional, calificó la medida como un “conejazo”, ya que dichos recursos no serán necesariamente para las universidades públicas y tan solo 55 mil de ellos serán manejados por ellas. El SUE consideró que los recursos ofrecidos tan solo equivalen al 2,8% de la deuda acumulada con las universidades; los representantes de los profes concluyeron que la decisión era una “mentira” y los estudiantes decidieron iniciar un paro indefinido al considerar que la propuesta del gobierno desconocía la magnitud y la raíz del problema. Estos últimos tampoco aceptaron la invitación a dialogar que les cursó el MEN y la condicionaron a la presencia de rectores y profesores. De la marcha salió enormemente fortalecida la alianza tripartita en defensa de la universidad oficial. Posición que también es respaldada por un muy amplio sector de la nación que ve con buenos ojos que se fortalezcan las universidades públicas.

Lo que está en juego en Colombia es cuál es la prioridad que vamos a asumir como nación. Hay un sector que considera que la prioridad debe seguir siendo la guerra. Ellos ya han alcanzado una adición presupuestal de 3,5 billones en el 2019 en defensa y armamento, de manera que supuestamente podamos enfrentar el conflicto armado que ellos mismos están impulsando contra Venezuela. En Colombia, un sector se ha beneficiado política y económicamente de la guerra y quiere seguir nutriéndose, pero ahora en una guerra contra el hermano pueblo venezolano, hoy sumido en una dramática crisis política, social, humana y económica. No quieren reconocer que la guerra es la expresión más primitiva del ser humano y la expresión más clara de que somos incapaces de dialogar y de resolver pacíficamente los problemas que genera la convivencia. Pero no se detienen porque saben que no son sus hijos los que morirán en ella.

Por otro lado, estamos los que creemos que la única opción que tenemos como nación es la de fortalecer la inversión en ciencia y en educación. Los miles y miles de personas que se expresaron en las calles, han dado una respuesta contundente: Se agotó la paciencia para ver que los recursos de la guerra se desplacen hacia la educación. La solicitud es clara y directa: por lo menos 1 billón de dichos recursos deberá destinarse para 2019 a las universidades oficiales. En términos coloquiales, compartimos la tesis de Tola y Maruja cuando dicen que esperan que los recursos de la guerra “se destinen a la educación pública, pero para bombardear la ignorancia”.

Sin embargo, el problema es más complejo. Estamos ante una crisis estructural que se fue gestando en las finanzas de las universidades públicas desde 1992 y no la vamos a resolver con giros adicionales. Así sean mayores. La pregunta esencial es cómo vamos a afrontar el derecho a la educación de las nuevas generaciones. Para ello, es indispensable un cambio orgánico a la ley que define las transferencias del Estado hacia las universidades oficiales. Sin modificar la Ley 30 de 1992, no es posible salir de la crisis financiera estructural de las universidades oficiales.

La nación tiene que recurrir a nuevas fuentes de financiamiento de la educación provenientes de regalías, nuevos tributos y gravámenes, recursos que antes se destinaban a la guerra y de diversas y creativas estrategias de financiamiento. En la práctica, hay que hacer una inversión masiva para cualificar la dotación de las universidades oficiales y ponerlas tecnológicamente a la altura de la calidad que ofrecen; algo muy similar a lo que hizo Ecuador en la década anterior y a lo que unos años atrás hicimos nosotros para enfrentar la guerra interna. En Colombia se buscaron nuevos recursos para avanzar en la lucha contra las guerrillas y, para lograrlo, se crearon impuestos excepcionales. En educación tendremos que hacer algo similar. Pero para ello es indispensable un acuerdo que exprese un amplio respaldo político: Un Acuerdo Nacional por la Educación. Éste debe involucrar a las más diversas fuerzas sociales, políticas y económicas de la nación.

Como hemos señalado y recomendado académicos y científicos en otro momento, la nación necesita un Consejo Nacional en educación y otro en ciencia para garantizar la política pública de Estado de la cual hemos carecido. Esa es una condición sine qua non para que las soluciones no sean espejismos con claros intereses políticos, sino que se recurra a medidas estructurales, de largo plazo, pensando en los intereses de las nuevas generaciones y no de las próximas elecciones.

Las universidades públicas no pueden seguir mendigando o regateando sus recursos, ni deben tener que recurrir a mecanismos coyunturales para evitar que sus edificios se caigan. Como nación tendremos que asumir una financiación suficiente, acompañada de reformas administrativas y pedagógicas en su interior. No tiene ningún sentido que una universidad como la Nacional tenga más administrativos que docentes (3.000 frente a 2.993, respectivamente). Se requiere mirar con mucho más cuidado el decreto 1279 y los impactos que ha causado en la calidad de la educación, para determinar qué ajustes hay que hacer en el sistema de pago de los docentes.

La grave crisis financiera debe verse como una oportunidad para resolver de manera general los diversos problemas de las universidades públicas. Será la oportunidad para sanear estructuralmente sus finanzas, para reestructurar su administración y para repensar sus lineamientos pedagógicos. Al respecto de esto último, hay que señalar que son diversas las estrategias que se están estudiando en algunas universidades oficiales para repensar sus sistemas de evaluación, currículos y los modelos pedagógicos que las orientan.

Hay que intentar convertir la adversidad en una oportunidad para impulsar el desarrollo. Es claro que, si fortalecemos las universidades públicas con recursos, buena administración e innovación pedagógica, estaremos consolidando el tejido social, formaremos mejores ciudadanos, e impulsaremos el crecimiento económico, la creatividad, la ciencia, la investigación nacional, la equidad y la democracia. De esa manera, ayudaremos a resolver los problemas del país, a disminuir la iniquidad y a favorecer la movilidad social.

Como puede verse, lo que está en juego no es solamente el estudio de los jóvenes, sino el tipo de sociedad que estamos construyendo y el desarrollo nacional que alcanzaremos. Es por eso que miles y miles de personas salieron a la calle el 10 de octubre de 2018. Es condición de la democracia escuchar la voz del pueblo. Ojalá el gobierno le cumpla a la democracia en Colombia.

*Director Instituto Alberto Merani

https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-analiza-como-resolver-la-crisis-de-las-universidades-publicas/587042?fbclid=iwar1trcp9udry7o2ev-bkpcoxgwitmfofthrtzxuhvkmk0yirhxfhsdaicuw

A la polémica propuesta de la senadora Paloma Valencia para financiar la educación superior le siguen lloviendo críticas desde distintas aristas. Uno de los sectores en donde más repudio generó su planteamiento fue, por supuesto, el movimiento estudiantil. Un nuevo reclamo a la congresista lo elevaron desde la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, Acrees.

Contexto: La polémica propuesta de Paloma Valencia para financiar la educación superior

La propuesta de Valencia, esbozada en días pasados a través de su cuenta de Twitter, consiste en que los egresados cofinancien la educación de la siguiente generación con el 20% de su salario durante 10 años después de haberse graduado. 

Ante esta polémica alternativa, Alejandro Palacio, presidente de la Acrees y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, afirmó que la senadora debería tener en cuenta la situación actual del país antes de emitir un juicio como ese. “Yo creo que la senadora Paloma Valencia tiene que entender que no todos ganamos $30 millones, no todos somos senadores, ministros; la gran mayoría del pueblo, muchas veces, como se dice popularmente, lleva del bulto”, afirmó el líder estudiantil en W Radio.

Lea: Anuncian nueva movilización estudiantil para el 17 de octubre

Palacio explicó su afirmación: “El 20% del salario, en un país donde alrededor del 80% de los habitantes no ganan más de dos salarios mínimos, es muy preocupante. Es un país donde se gana muy poco, donde el empleo informal es extremadamente grande”.

Para el caso de su carrera, Palacio manifestó que el salario promedio no dista mucho de $1.200.000 y que el panorama no es mejor para otras profesiones. Además, aseguró que la propuesta es problemática porque evadiría la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la educación. 

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Ahora bien, luego de la pasada movilización del 10 de octubre, las organizaciones estudiantiles han manifestado que el reclamo no se detiene y por eso este lunes anunciaron una nueva movilización masiva el próximo 17 de octubre para exigir respuestas concretas del Gobierno Nacional.

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/paloma-valencia-debe-entender-que-no-todos-ganamos-30-millones-lider-estudiantil-articulo-818127?fbclid=IwAR2bvd3B8qrVvzwAZ3OV388PKKQHIfXlV0jHmBcQhEiSq_EkoUoyKHKNIlI

En medio de la agitación estudiantil de las últimas semanas, el presidente Iván Duque lanzó este sábado el programa Generación E, con el que busca mejorar la equidad y el acceso a la educación superior y fortalecer a las instituciones públicas del país. En este plan está trabajando el Ministerio de Educación, el Departamento de Planeación Nacional, el Icfes e Icetex. En Generación E se invertirán los 500.000 millones que el presidente anunció en días pasados para paliar la crisis de las universidades públicas.

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Este programa es, según el Gobierno, una apuesta integral de acceso con equidad a la educación superior que abarca temas como la gradualidad en la gratuidad, fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior públicas e incentivos para los estudiantes más destacados. Adicionalmente, le apunta a la transformación social y el desarrollo de las regiones del país, generando nuevas oportunidades para cerca de 320.000 estudiantes en 4 años.

El programa Generación E tiene tres componentes: avance en la gratuidad (equidad), reconocimiento a los mejores bachilleres (excelencia) y fortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas (equipo); entre los que se dividirán los 500.000 millones de pesos anunciados por Duque.

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En cuanto al primer programa, el ministerio destinará 279.000 millones para fortalecer la universidad pública, 223.000 millones serán invertidos en infraestructura y 56.000 irán a la base presupuestal. Por otra parte, la cartera utilizará 121.000 millones en expandir la gratuidad en el sistema de educación superior público. Con ese dinero, el gobierno financiará alrededor de 330.000 estudiantes de escasos recursos que ingresen a las universidades públicas para que cubran la matrícula y sus gastos de manutención.

Los 100.000 millones restantes serán la base del programa que remplazará a Ser Pilo Paga. La idea es que los 15.000 jóvenes beneficiarios escojan la universidad acreditada en la que quieran estudiar, pero en esta ocasión habrá topes en la matrícula y la IES beneficiada deberá aportar el 25 por ciento del costo. Para fortalecer este fondo el ministerio buscará el apoyo de la empresa privada.

Duque anunció que estos 500.000 millones de pesos son el primer aporte para Generación E. El gobierno espera que en el cuatrenio se inviertan al rededor de 3,6 billones de pesos en el programa. También dijo que continuará en la lucha por conseguir que en el presupuesto bianual de regalías se destie un billón de pesos para la educación superior pública.

https://www.semana.com/educacion/articulo/ivan-duque-anuncio-plan-para-la-educacion-superior-publica/587669

Opciones naranjas

Publicado: 20 octubre 2018 de semilleromemoriaypolitica en Colombia, Coyuntura Política, Movimientos Sociales

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Por Francisco Gutiérrez Sanín

Estupenda resultó la movilización en defensa de la universidad pública. Asistencia masiva, ausencia de disturbios —que se hubieran podido convertir fácilmente en el punto focal del evento—, capacidad de borrar o al menos difuminar diferentes líneas fronterizas —por ejemplo, entre instituciones públicas y privadas—, liderazgos preparados y claros con capacidad de interactuar de manera inteligente con los medios de comunicación: todas estas características marcan de manera muy positiva la jornada del miércoles pasado.

Ahora la pregunta es qué sigue. En realidad, Duque está frente a una oportunidad de esas que se presentan a un gobernante muy rara vez en la vida. Pues esta crisis, aunque tiene raíces largas y profundas, fue llegando a su punto máximo durante los mandatos de Santos, que combinaron dos características: malos ministros de Educación y una política cuyo efecto objetivo (ignoro su intencionalidad) fue minar y desestabilizar la universidad pública. Y fue la ministra de Duque quien expuso que Ser Pilo Paga podría tener méritos, pero que no podía ser la opción masiva de educación superior para los sectores populares (claro, lo dijo en términos harto más diplomáticos). Duque podría en este momento construir una política pública que hablara tanto a las fuerzas que se opusieron sistemáticamente a Santos como a las que están exigiendo más compromiso con la universidad pública alrededor de una apuesta seria de país. ¿No que el objetivo de la “economía naranja” es construir una “sociedad del conocimiento”?

Podría optar, sí, por una segunda línea de comportamiento, que es la que ha mantenido hasta ahora: decir que entiende la situación, y a la vez no cambiar en esencia nada. Creo que las premisas de ese proceder están fundadas sobre un supuesto erróneo: que uno quiere que el presidente de la República lo comprenda. Pero esa es la personalización de una relación pública característica de una sociedad con muy poco Estado. Yo quisiera que mi pareja, o mis hijos, o mis padres, o mi siquiatra y amigos, o mi dentista (el lector puede extender la lista en la dirección que quiera) me entiendan. La función del presidente no es la de un confidente ni la de un especialista en salud mental: es la de un gobernante y la de un ejecutor. Y, francamente, no creo que ninguno de los actores involucrados se deje ganar por esta línea “naranja”, consistente en combinar cálidas palabras de ánimo con mantener la educación superior pública en la última de las prioridades.

Y eso me lleva a la tercera opción: la línea dura basada en silenciar la protesta. Mejor dicho: cero naranjada. Muy bien que Duque no la haya puesto sobre la mesa. Pero con el partido de gobierno siempre está ahí. “Tiene 30 segundos para terminar, niña”. Hace unos días, Mafe Cabal se entusiasmó con la elección de Bolsonaro, el candidato brasileño de extrema derecha que ha desarrollado un discurso racista, antimujer y abiertamente homicida. ¿Cuántas de las mujeres y de los afros que votaron por Cabal (me refiero a los que lo hicieron gratis) estarán conscientes de su admiración por un tipo que dice que son inferiores? Claro, si todo se puede o debe resolver a bala, entonces la educación no es ni una necesidad ni una prioridad. Más bien denle el dinero a Santos Francisco para que compre un par de juguetitos e invada a Venezuela (no: no para que tome un curso de refuerzo en Open English, lo que sería más barato, humano y razonable, pero no una prioridad desde este punto de vista). Con cada uno de tales juguetes se podrían educar miles de colombianos.

Sumando peras y manzanas (pero creo que aquí se puede): la forma en que se desarrolló esta movilización y la elección de Bolsonaro ponen sobre el tapete dramáticamente, desde perspectivas diferentes, la gran centralidad de la comunicación política. Volveré sobre el tema en próximas columnas.

https://www.elespectador.com/opinion/opciones-naranjas-columna-817463

#SOSUniversidadesPúblicas

Publicado: 20 octubre 2018 de semilleromemoriaypolitica en Colombia

#SOSUniversidadesPúblicas

Autor: Carlos Arturo Soto Lombana
1 octubre de 2018 – 09:04 PM

De no solucionarse la crisis financiera…, las IES se verán obligadas a tomar medidas relacionadas con su supervivencia, disminuyendo su impacto en la sociedad.

Estudiantes y profesores se movilizan para conseguir la atención de la clase política y el Gobierno Nacional, en procura de una solución a la crisis financiera por la que atraviesan las Instituciones de Educación Superior Públicas (Iesp), como consecuencia de la aplicación de la Ley 30 de 1992, en particular el capítulo V que define el régimen financiero de las Iesp, dejando congelado en el tiempo los aportes de la nación y las entidades territoriales departamentales y municipales a las universidades. Son 32 instituciones públicas que hoy reclaman al Estado que se resuelva el déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3.2 billones de pesos y 15 billones de inversión.

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De resaltar la manera creativa con la que el movimiento universitario ha dado a conocer la problemática universitaria y el respaldo de sectores de opinión, sociedad en general y algunos sectores de la clase política; en esto es importante reconocer la apertura de la Ministra de Educación que ha reconocido la naturaleza del problema y ha comprometido su gestión para buscar una salida razonable a las finanzas de las universidades públicas.

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Sin embargo, de no conseguirse tan anhelados respaldos del Gobierno y del Congreso de la República, representado en el presupuesto nacional que por estos días hace trámite de aprobación, las Iesp se verán obligadas a tomar medidas relacionadas con su supervivencia, disminuyendo su impacto en la sociedad; dentro de estas medidas podrían estar:

1. Cierre de programas académicos de pregrado y posgrado que tengan baja demanda y cambio en la periodicidad en la admisión de nuevos estudiantes;

2. Priorización de los programas académicos que las IES ofrecen en sus sedes principales y disminución de oferta regional, lo que aumentará la inequidad y acrecentará la diferencia centro-periferia.

3. Disminución de recursos para Bienestar Universitario, lo que se traduce en un aumento de la deserción estudiantil y desmejoramiento de servicios asistenciales y programas de intercambio académico estudiantil;

4. Ajuste en la nómina de contratación de personal docente y disminución de los programas de movilidad profesoral;

5. Disminución de los rubros para investigación, lo que tendrá un fuerte impacto en indicadores de producción intelectual de los profesores universitarios;

6. Aumento del rubro de pago de intereses a los bancos y en muchos casos refinanciar el pago de la deuda, lo que bajaría la calificación crediticia de las Iesp;

7. Posponer los proyectos de inversión en mejoramiento y construcción de nueva infraestructura, lo que en algunos casos es altamente preocupante dado el avanzado deterioro de edificios en algunas Iesp, lo que pone en peligro la vida de empleados, profesores y estudiantes.

El Hashtag #SOSUniversidadesPúblicas seleccionado por estudiantes y profesores para dar a conocer la problemática de la Iesp, ha logrado despertar la solidaridad en redes sociales, hasta el punto que personas que lideran opinión en el país se han sumado enviando sus mensajes de solidaridad. Al respecto me quiero referir al mensaje remitido por Daniel Samper Ospina quien menciona lo absurdo que resulta la iniciativa del gobierno nacional de destinar tres billones a los gastos en guerra, mientras la Universidad Pública está ávida de recursos.

Los rectores de la Iesp han comprendido que si el movimiento universitario fracasa y no tiene respuesta por parte del Gobierno y Congreso, tendrán que ajustar los planes de desarrollo y planes de acción institucionales que han presentado ante los Consejos Superiores de las Universidades y que incluyen múltiples iniciativas de impacto social que beneficiarán a los sectores más vulnerables del país.

Infortunadamente los proyectos de ley que se tramita en el Congreso de la República (Cámara y Senado) sobre el presupuesto nacional para el año 2019, siguen manteniendo el espíritu de la Ley 30 de 1992 y no se contempla adiciones presupuestales que alivien la situación financiera de las Iesp. Esperemos que nuestros legisladores y gobernantes asuman su compromiso histórico con las generaciones futuras y fortalezcan la educación superior pública, que ha mostrado con creces su calidad, pertinencia y factor de equidad y transformación social.

http://www.elmundo.com/noticia/-SOSUniversidadesPublicas/374781

La universidad pública es el país

Publicado: 20 octubre 2018 de semilleromemoriaypolitica en Colombia, Movimientos Sociales

La universidad pública es el país

Autor: David Roll Vélez
17 octubre de 2018 – 10:02 PM

La educación superior pública no es un gasto, es una inversión.

Me sentiría más cómodo escribiendo esta defensa de la Universidad Pública, nada menos que en la semana crucial para hacerlo, si no perteneciera a ella. Pero es que en verdad la Universidad Pública no somos sus profesores, alumnos y empleados, sino el país entero.¿Por qué? Como bien explica con cifras Hobsbawn en la Historia del Siglo XX, hasta hace muy pocas décadas la universidad no se había masificado más que en unos pocos países y constituía un privilegio de unos cuantos afortunados. Pero en poco tiempo el acceso a estudios universitarios se convirtió en el mundo entero, y sobre todo en las democracias, en una aspiración generalizada y legítima.

Estudié y trabajé en universidades privadas antes de llegar a la Universidad Nacional de Colombia como profesor hace veinte años, y por lo tanto valoro en grado sumo, porque además lo conozco de primera mano, el gran papel que cumplen las instituciones privadas que imparten educación superior. Y esto más aún cuando el sistema de becas (aparte del controvertido Ser Pilo Paga), se ha expandido tanto, sobre todo en algunas universidades privadas, que merecerían además una mayor visibilidad sobre ello. Pero si no se crea una política de Estado, más allá de lo que se logré en esta coyuntura, de apoyo sistemático a la Universidad Pública, esta labor privada será insuficiente para el desarrollo del país y para la relegitimación de nuestro sistema democrático tras los acuerdos de paz.

Si bien es verdad que las democracias “triunfaron” como modelo preferente al llegar al siglo XXI, y atrás quedaron los experimentos fascistas y comunistas, lo cierto es que la globalización acelerada supuso un crecimiento exponencial de los poderes económicos frente a los políticos, deslegitimando a muchas de esas “vencedoras” democracias. Ya décadas atrás Norberto Bobbio había insistido en que no existiendo en verdad un contrato social (¿en qué museo está?), y estando derrotadas de hecho las opciones de izquierda radical, la única manera de legitimar realmente a las democracias es dotándolas a todas de una vocación redistributiva.

Muchos autores han ahondado en esto, y las opciones socialdemócratas moderadas con las que me identifico fueron las que lograron más resultados en el mundo entero aplicando esta directriz (llámense Tercera Vía, Socialistas, Liberales e incluso populistas sensatos de izquierda o derecha). Y si bien es cierto que el debate persiste entre las derechas, los centros y las izquierdas sobre qué tanto Estado del Bienestar debe haber, el grandísimo error es incluir el tema de la educación superior como un asunto estrictamente referido a esa discusión del Estado del Bienestar.

A principios del milenio se reunieron los partidos políticos que defienden estas tesis socialdemócratas moderadas (y algunos colados de derecha fuerte o de izquierda radical), en la llamada Comisión Progreso Global, organizada por la Internacional Socialista, que ya para esa época carecía casi completamente de partidos con ideas de revoluciones violentas o revolcones neobonapartistas. Y una de sus principales conclusiones sobre qué debía hacerse frente a la globalización que iba a ahogar a la política, dicho en boca de su Presidente de entonces, Felipe González, era que la inversión en educación, y especialmente en educación superior, más que un deber del Estado es un simple acto de sobrevivencia colectiva.

NO ES UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN, decían los expertos con vehemencia, y se daban muchos ejemplos a nivel mundial de cómo los Estados que invirtieron en sus estudiantes, a través de la Educación Superior Pública, Universal y Gratuita, habían conseguido resultados económicos impresionantes y a muy corto plazo, por no decir de los efectos sociales que implicó la ampliación de sus clases medias. Y si se mira bien la historia de la segunda mitad del siglo XX, se verá como fueron tanto partidos de derecha como de izquierda los que apostaron por esta destinación preferente de recursos a la educación superior. Por ello insistía yo en otro escrito en EL MUNDO que no debía ser asunto de campaña política el apoyo a la Educación Superior Pública. Por ello todos los esfuerzos que haga Duque en este sentido ayudarán a que se vuelva un consenso para el futuro, no existiendo la figura de la reelección, y está semana es clave.

En estos días el Estado Colombiano deberá reaccionar a la exigencia legítima que han hecho las Universidades Públicas en su conjunto en Colombia de que se les rescate del injusto abandono presupuestal al que han sido sometidas. Pero sobre todo hay que enfatizar en que han logrado resultados importantes y medibles, con efecto real para el país, a pesar de ese abandono. Entonces el cálculo debe ser como va a ser de positivo en el futuro si de aquí y hacia el futuro se rectifica ese enfoque que se tiene de que la Universidad Pública como un subsidio y no como lo que es, una necesidad vital y una inversión. Hasta ahora, trabajando con las uñas, las universidades públicas colombianas han logrado aumentar enormemente el cubrimiento, fundar programas de maestría y doctorado, y quedar muy bien situadas en las mediciones de calidad que se han hecho. Pero el oxígeno se agota, eso tiene un límite, y nos aproximamos a él.

Además no se trata de un cambio conceptual en el que se le hagan loas a la Educación Superior Pública, sino de una verdadera apuesta presupuestal que lo respalde, para que no se desvirtué el papel de la Universidad Pública. En el estado actual se las pone a depender de docentes ocasionales y se obliga a hacer maromas imposibles un día tras otro para cumplir los objetivos. No se trata de apagar un incendio, con unos aportes nuevos casi simbólicos o una esperanza de obtener algo de unas regalías que son concursables, sino de una verdadera revolución en el tema. El presidente por su experiencia en el BID lo conoce perfectamente y sabe que a pesar de estar solo unos meses en el gobierno ya pasará a la historia si da este gran paso.

http://www.elmundo.com/noticia/La-universidad-publica-es-el-pais/374907?fbclid=IwAR0zx4P255wvMGxRHZWVkFqK0ep-A0326ypC6WUbh_lhaE-5FpfJPAWrnBg

Que vivan los estudiantes

Publicado: 20 octubre 2018 de semilleromemoriaypolitica en Colombia, Movimientos Sociales

Que vivan los estudiantes

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Ana María Ruiz

De no haber sido por las marchas monumentales de los estudiantes por todo el país, la sombra gris de las malas noticias habría arrasado con cualquier asomo de optimismo.
El fallo de la Corte Constitucional que deja sin piso jurídico las Consultas Populares lo recibí como en un duelo, solo un par de horas después de que un tribunal decidiera darle vía legal a la intervención de Peñalosa a la Reserva Van Der Hammen. En la repartija de la bolsa diplomática, Duque está mandando unos impresentables a representarnos ante el mundo. Bolsonaro y el fascismo se acercan al poder en esa enorme isla vecina llamada Brasil, y en Estados Unidos el juez Kavanaugh llega a la Corte Suprema para imprimirle un sello retrógrado a la justicia. Y suma y sigue. La Corte Constitucional está a punto de darle un zarpazo al derecho al aborto, que ella misma definió. Y así, por aquí y por allá.

Es como si un gran manotazo antiderechos estuviera causando estragos en el planeta, y hay poco de lo qué agarrarse para que, quienes hemos creído en la democracia y en los derechos, no sintamos que hemos perdido el tiempo todos estos años. Toda la vida. Pero cuando parece que la esperanza se pierde, siempre aparecen los estudiantes.

Los estudiantes que se atrevieron a criticar el gobierno de Rojas Pinilla, y que fueron asesinados en número indeterminado en los insucesos de la Plaza de Toros en 1956, no dejaron de salir a marchar hasta que cambió el régimen, y su papel fue decisivo para la legitimación de ese cambio. Hubo disturbios en cualquier calle de cualquier ciudad del país donde unos estudiantes decidieran enfrentar al régimen populista, corrupto y espurio del general.

Enmarcado en la Guerra Fría y la guerra de guerrillas, el movimiento estudiantil de los 70 salió a la calle a reivindicar la autonomía universitaria, y en la incandescencia de los grupos de estudio, los debates y las manifestaciones que siempre, siempre, siempre terminaban en tropel con la Policía, se formaron líderes políticos que marcaron una generación aguerrida y progresista. Varios de estos líderes terminaron armados en el monte pero muchos, muchos otros, han aportado a la sociedad desde sus profesiones y con su liderazgo. Los movimientos estudiantiles son, por la esencia de quienes los forman, efímeros; el estudiante da paso al profesional y la urgencia de los días convierte al líder estudiantil en adulto con responsabilidades. Pero en el alma de quienes hacen parte de un movimiento estudiantil queda impreso como un sello un gran respeto por la política, en el mejor de sus sentidos.

Como los estudiantes de la Séptima Papeleta en el 90, un movimiento estudiantil que integraba a las universidades públicas y privadas en la exigencia de un cambio de marco constitucional que ampliara la democracia atrofiada que recibíamos del Frente Nacional. Pluralismo político e inclusión social era la consigna: “La vamos a hacer, con toda la gente, Asamblea Nacional Constituyente”. Y la Constituyente se eligió, y la Constitución se escribió. ¿Dónde quedó el movimiento estudiantil? Preguntan algunos. Cumplió su papel, en su momento, eso es un Movimiento Estudiantil. Yo participé activamente en este movimiento, y sé que formar parte de esa acción política colectiva me formó el carácter.

Vinieron los años de recrudecimiento de la guerra. En la rudeza de esa época la voz de los estudiantes se silenció, y su fuerza quedó reducida a los capuchos, las molotov y los disturbios cada tanto. Estudiantes igual Esmad. La apuesta de los estudiantes para proponer caminos a la sociedad reaparecieron con la MANE, que en 2011 convocó a protestar en contra de la Reforma a la Educación Superior del gobierno Santos. Profesores, organizaciones sociales, sindicatos, y un grupo de estudiantes bien preparados para el debate, defendieron la educación pública en las redes sociales y los medios, y ganaron el pulso. La infame reforma se cayó.

Y ahora que el gobierno Duque destina para Defensa los recursos que el Estado les debe a las universidades públicas en años de recortes y apretadas de cinturón, son de nuevo los estudiantes los que mueven la indignación y la sacan a las calles, y marchan profesores y rectores, y en Popayán los estudiantes se dan la mano con los del Esmad después de una marcha colorida y multitudinaria. Y decretan Paro de 10 días, porque el problema no se arregla con las chichiguas mediáticas que Carrasquilla “cede”. Y ahí vamos.

Yo estoy con los estudiantes, el actor político más sensato en estos tiempos aciagos.

P.S. De repente, Caracol Radio decidió prescindir de Diana Uribe, quien nos contó La Historia del Mundo por esa emisora, domingo a domingo, desde hace 20 años. A lo mejor es ganancia, ahora podemos escucharla a ella en la web y borrar a Caracol del dial sin remordimiento.

https://www.semana.com/opinion/articulo/movilizaciones-estudiantes-y-educacion-superior-columna-de-ana-maria-ruiz/587026

Hidroituango

Publicado: 23 mayo 2018 de semilleromemoriaypolitica en Colombia, Cuestión Rural y ambiental

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Brigitte Baptiste

Una serie de dramáticas coincidencias, que analizarán los expertos una vez logremos superar la situación, mostrarán una vez más la complejidad de la gestión del territorio expresada en todas sus dimensiones: la superposición de una temporada de lluvias dura, los eventos tectónicos, el mercado de tierras, la minería informal, las obligaciones contractuales y la programación de una obra titánica, la (in)sensibilidad normativa, la presión de diversos sectores de la opinión pública en plena recta final de las elecciones presidenciales. La tormenta perfecta.

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