PÁGINAS LIBRES (Columnas)

Medellín en su laberinto: la seguridad

Escrito por JORGE EDUARDO SUÁREZ GÓMEZ*

https://www.desdeabajo.info/ediciones/31398-medellin-en-su-laberinto-la-seguridad.html

Algunos gobernantes contemporáneos, hacen de la exposición pública el mecanismo por excelencia de su gestión. Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, es uno de los mejores exponentes de este gobierno en tiempo real.

A inicios de marzo el Nuncio papal en Colombia, monseñor Ettore Balestrero, confirmó que el papa Francisco estará en Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre de 2017. Una de las discusiones que surgieron a raíz de esta noticia, fue la relacionada con el jubileo con el que podían salir libres 20 mil presos en los próximos tres años1.

El alcalde de Medellín, se pronunció muy a su estilo (aparentemente coloquial) en torno al proyecto: “Hoy ni siquiera se necesita de Jubileo porque igual los están dejando libres a todos2”. El afirmar “los están dejando libres”, traza una línea divisoria entre las instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia. De un lado estarían las autoridades que hacen un gran esfuerzo para capturar a los delincuentes y del otro, aquellos que los dejan libres. Cualquier “ciudadano promedio” pudo haber dicho lo mismo, de ahí la conexión del mandatario con el promedio.

En esa visión, de un lado estarían entonces el Alcalde y la Policía, quienes a mediados de enero de 2017 le anunciaron a la población que no descansarían hasta atrapar a tres sujetos motorizados que a plena luz del día, y en una vía céntrica de la ciudad, le hurtaron las pertenencias a la conductora de un vehículo y emprendieron la huida. El video del hurto se viralizó, lo mismo que la indignación de la sociedad que desde días atrás había escuchado cómo era cada vez más común esta modalidad.

El Alcalde, que desde el inicio de su mandato venía posicionándose como un fuerte enemigo de la delincuencia local, se pronunció de forma poca ortodoxa pero muy propia de su estilo: anunció que él mismo dirigiría el operativo y prometió que no se iría a dormir hasta no capturar a los tres “fleteros”. A las 2 de la mañana, cuando no se había logrado la captura de los sospechosos, el Dr. Gutiérrez se pronunció a lo Rodrigo Duterte en Filipinas: “No vamos a descansar hasta agarrar a esos tres delincuentes, el mensaje a la ciudadanía es que esto no puede volverse algo normal en la ciudad3”. Pese a que durante el año se denuncian aproximadamente 10 mil delitos similares o más graves, el Alcalde encargó a 200 policías de resolver este caso. Las pesquisas fueron exitosas. A primera hora del día siguiente, el trasnochado primer mandatario acompañado por el comandante de la Policía Metropolitana dio el parte de victoria: “Hemos resuelto un caso importante para la ciudad y así tenemos que actuar en cada uno4”. Sin embargo, a menos de 24 horas de su detención, los presuntos delincuentes salieron en libertad por no tener orden de captura. Toda la cruzada de opinión liderada por el Alcalde para perseguir a los pillos, enfiló baterías contra la “ineficiencia” y el garantismo extremo del sistema judicial que dejaba en libertad unos ladrones después del gran esfuerzo del equipo del burgomaestre. Dos de los supuestos bandidos fueron rápidamente recapturados, el tercero se entregó.

La victoria del Alcalde fue clara. Hacia el exterior le mostró a la ciudadanía que era posible ganarle la batalla a la delincuencia si existía liderazgo y voluntad política. Al interior del Estado se proyectó como un funcionario eficiente a diferencia de una rama judicial burocrática y sin sentido de justicia.

Antes de este episodio el Dr. Gutiérrez había intervenido, en ocasiones “personalmente”, las zonas de mayor comisión de delitos como homicidios, microtráfico, extorsión y prostitución en las comunas 5 (Castilla), 16 (Belén) y 10 (Centro), lo que le habría granjeado amenazas de las bandas y combos que hacen presencia en buena parte del Valle de Aburrá. El funcionario enfrentó abiertamente (en los medios) a alias “Pedro Pistolas” que, de acuerdo a las denuncias recibidas por la Fiscalía, era el artífice del plan criminal. En este caso, el burgomaestre también se trenzó en una disputa con funcionarios del ente judicial, a los que acusaba de corruptos y/o cómplices, dado que él solo fue notificado de las amenazas 17 días después que se hicieran públicas.

Al igual que en el episodio de los fleteros, el Alcalde surgió como el líder de la cruzada contra una delincuencia que lo amenazaba y frente a la cual los órganos judiciales y de control eran ineficientes, cuando no cómplices.

El impacto en la opinión pública de la lucha contra el crimen organizado de la administración Gutiérrez ha sido muy alto si se tiene en cuenta que su antecesor, el liberal Aníbal Gaviria, terminó su periodo con una percepción ciudadana de seguridad negativa. En ese gobierno, aunque bajaron los índices de homicidio, “el centro era un tumulto de atracos y en las comunas periféricas no había cuadra sin extorsión, pagaban –aún lo hacen– los tenderos, los buseros, los taxistas, los dueños de carro y moto que tenían que dejar el carro en la calle5”.

El actual alcalde ha explotado con éxito esa sensación, trazando una línea divisoria entre los que como él ‘están en guerra contra la delincuencia organizada’ y aquellos funcionarios que están en contubernio con los pillos o son demasiado legalistas para mantenerlos detenidos. Él mismo se ha posicionado como víctima de este concierto criminal y/o de la ineficacia judicial.

Eso ha llevado a que su índice de popularidad crezca vertiginosamente hasta llegar a ser el más alto del país de acuerdo con Gallup. Si para junio de 2016 tenía el 79 por ciento de aprobación, para septiembre del mismo año llegó al 83, siendo el segundo alcalde más popular de Colombia. Para marzo de 2017 alcanzó el 88 por ciento de aprobación apareciendo como “el mejor alcalde del país6”.

Pese a los altos índices de aprobación de la gestión por parte de la ciudadanía, los homicidios en el primer año de gobierno del alcalde Gutiérrez aumentaron un 7.7 por ciento, lo que rompe una tendencia de más de 6 años de rebajas consecutivas en los asesinatos en una ciudad que llegó a ser la más violenta del mundo en la década de 1990. ¿Asunto de percepción?

* Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.

1 El gobierno en cabeza del ministro de justicia, radicó un proyecto de ley que “establece, por una sola vez, la rebaja en una quinta parte de la pena privativa de la libertad impuesta en la República de Colombia, por delitos cometidos antes del 16 de marzo de 2017” (El Espectador. Redacción política, 2017)
2 El Colombiano. (20 de Marzo de 2017). Cita Textual. El Colombiano, pág. 22.
3 El Espectador. Redacción política. (17 de Marzo de 2017). ¿Qué proponen los tres proyectos de jubileo que serán presentados en el Congreso? Obtenido de El Espectador.com: http://www.elespectador.com/noticias/politica/que-proponen-los-tres-proyectos-de-jubileo-que-seran-presentados-en-el-congreso-articulo-685045
4 Revista Semana. (Enero de 2017). Los tres atracadores que el alcalde de Medellín persiguió toda la noche. Obtenido de Semana.com: http://www.semana.com/nacion/multimedia/federico-gutierrez-ayudo-a-capturar-a-tres-atracadores/512255
5 Semana. Nación. (02 de 01 de 2017). En 2017 los indicadores en seguridad mejorarán”: Federico Gutiérrez. Obtenido de Semana.com: http://www.semana.com/nacion/articulo/federico-gutierrez-da-pronostico-del-2017/511278
6 Telemedellín. (2 de Marzo de 2017). Según encuesta, Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia son los mejores mandatarios del país. Obtenido de Telemedellín.com: http://telemedellin.tv/alcalde-medellin-gobernador-antioquia-mejores-mandatarios-pais/168273/
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La Reforma Rural Integral en perspectiva histórica

28/09/2016

Por: Jorge Eduardo Suárez Gómez, profesor departamento de Trabajo Social UdeA

No es casual que los acuerdos de La Habana tengan como primer punto el tema agrario. El escenario de las cinco décadas de confrontación que se cierran fue el campo.

Todo empezó con la Violencia que se desarrolló a mediados de siglo XX en las zonas rurales durante dos décadas, que terminó confinando a la periferia rural a los campesinos liberales que no se urbanizaron.

 

Esos habitantes rurales y sus familias emprendieron un éxodo de tintes épicos hacia las zonas de colonización del sur y allí desarrollaron una particular forma de existencia sociopolítica en la que combinaron socialismo, agrarismo y bandolerismo.

Durante varias décadas fueron perseguidos, bombardeados y “tolerados” por el establecimiento en la medida en que no eran un obstáculo para el desarrollo de una de las democracias “más sólidas de América” y no impedían el desenvolvimiento de una economía capitalista en expansión, como lo destaca Mario Vargas Llosa: “Lo sorprendente es que, pese a la violencia política, Colombia sea uno de los países que tiene una de las economías más prósperas de América Latina y donde la guerra civil no ha desmantelado el Estado de Derecho y la legalidad.” 

A finales de siglo XX, los insurgentes rurales avisaron que urbanizarían la guerra y así lo hicieron. Ahí fue Troya. Se apoderaron de Mitú e incursionaron en Bogotá, Medellín, Cali, Neiva y Pereira. Secuestraron aviones en pleno vuelo y se tomaron edificios públicos y privados llevándose a sus ocupantes. Asesinaron también a quién los obstaculizara. Por momentos pareció que superaron en capacidad de guerra a unas Fuerzas Armadas instaladas en la doctrina de Seguridad Nacional de la Guerra Fría. Entre los cacaos del país, las élites emergentes y Washington, cundió la preocupación. ¿Tendrían posibilidades de tomarse el poder? Todos aportaron algo para contenerlos combinando todas las formas de lucha. Doblegarlos fue más difícil de lo esperado y sólo hasta el 2008 después del Plan Colombia, el Plan Patriota y la embestida de los señores de la guerra criollos, comienzan a caer los comandantes de las Farc-Ep. Un influyente sector de la opinión posicionó exitosamente la idea según la cual los insurgentes eran el principal enemigo público2.

Ahora que los acuerdos son un hecho puede hacerse un balance en términos de lo rural, diciendo que ambos bandos moldearon las zonas rurales que dominaban de acuerdo con sus posibilidades y necesidades. Por un lado está el campo de la contrarreforma agraria, de la ganadería extensiva, la gran minería y la palma. Por el otro el campo de la colonización, la pequeña minería y la coca. En la mitad el minifundio andino que se ha visto amenazado por estas dos formas extremas de desarrollo.

Dos de estas tres vías de desenvolvimiento del campo están presentes en la coyuntura del sector agrícola colombiano. El Acuerdo para la Terminación del Conflicto promueve una reforma rural basada en la agricultura familiar, ambientalmente responsable y con aspiraciones de democratización del acceso y el uso del suelo. El gobierno viene promoviendo paralelamente a los diálogos de paz, las ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social). Este proyecto de corte empresarial abre la posibilidad para que las grandes empresas nacionales y extranjeras desarrollen proyectos agroindustriales y puedan comprar o arrendar tierra, hasta completar el área que requieran, es decir, sin límites.

La forma que adquiera el campo colombiano en los próximos 10 años (el plazo en el acuerdo para repartir 3 millones de hectáreas y formalizar otros 10 millones) indicará quién perdió con las cinco décadas de guerra y quién ganó con la paz.

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1El Colombiano, domingo 18 de septiembre de 2016, p.4.

2El  proceso a través del cual la opinión publica colombiana comienza a transformar su visión sobre las Farc-Ep a medida que se urbaniza la guerra, esta estudiado en el libro de mi autoría: “La literatura testimonial como memoria de las guerras en Colombia. Siguiendo el corte y 7 años secuestrado”. Fue publicado en agosto de este año con el sello editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.

Homenaje a lo público

13/06/2016

Por: Jorge Eduardo Suárez Gómez, politólogo y profesor Departamento de Trabajo Social UdeA

El pasado 2 de junio el profesor Gustavo Duncan de la universidad Eafit de Medellín, publicó en el periódico El Tiempo una columna de opinión titulada “Homenaje a las armas”. En ella manifestaba su descontento por el reconocimiento que le otorgó la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Bogotá al profesor Miguel Ángel Beltrán, en el marco de la celebración de los 50 años de la primera facultad de Ciencias Sociales del país.

Allí se le concedió al sociólogo bogotano junto con otros egresados y profesores, una distinción como egresado sobresaliente. El sustento para tal premio de acuerdo con las autoridades de la facultad, fue una hoja de vida llena de grados académicos y publicaciones científicas, hecho que puede confirmarse en el currículum del profesor.

El descontento de Duncan se basa en dos ideas. La primera es que el hecho de homenajear a un colega suyo que ha sido acusado y condenado por rebelión (en este momento la condena está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia) envia un mensaje errado a la sociedad según el cual es válido tomar partido por uno de los bandos que se confrontan en nuestra guerra.

El segundo motivo, que de acuerdo con Duncan hace ilegítimo el reconocimiento, está referido al ámbito científico. Después de hacer lo que él llama una “rápida búsqueda”, encontró que el profesor Beltrán es poco citado y que el impacto de su producción académica es intrascendente debido a que sus escritos pertenecen a un “nicho de mercado” conocido como “pensamiento crítico”.

El profesor Mauricio García Villegas en su columna de El Espectador del 3 de junio titulada “Academia capturada”, también se posiciona en contra del reconocimiento hacia el profesor Beltrán. Argumenta en la misma línea de Duncan, que el homenaje es “una captura de la academia por parte de los intereses políticos”, lo que desde su perspectiva es una mezcla indeseable. Política y universidad para estos dos académicos uniandinos son dos elementos que deben estar escindidos para no desnaturalizarse.

Ambos pronunciamientos hacen eco de una carta firmada por 32 profesores (de los 220 que tiene la facultad) encabezados por el italiano Carlo Tognato, en la que se rebelan frente al premio otorgado por las autoridades de la facultad. La misiva expresa la misma idea de García, en el sentido que con el reconocimiento se envia un mensaje errado a la sociedad sobre el conflicto, en el que mezclan academia y política. Desde la perspectiva de los firmantes, el otorgamiento del premio es otra manifestación de esa tendencia que se presenta en la universidad pública colombiana en la que “grupos específicos han buscado avanzar sus visiones particularistas de la academia al servicio de la política”. Denuncian además, en la carta, que no es la primera vez que se hacen ese tipo de homenajes “inspirados por agendas políticas externas que nada tienen que ver con lo académico.”

Decir como hacen los tres textos, que lo académico y lo político son dos esferas que si se cruzan se desnaturalizan, es de una puerilidad que ni los mismos autores deben creer. La universidad es una institución alimentada por la savia de la política. Es casi el lugar privilegiado para el debate público en la medida en que es una institución cuyo “objeto comercial” (para utilizar el lenguaje empresarial del profesor Duncan) es la discusión de ideas. Solo la universidad puede sustraerse del frio cálculo mercantil que domina el mundo de los negocios o de la obediencia ciega que caracteriza el mundo burocrático y confesional.

Cuando el exterior se ha tornado oscuro, algunos en la universidad pública colombiana han logrado nadar a contracorriente de la ignominia, tomando posición política. Fue lo que hicieron Héctor Abad Gómez  y Carlos Gaviria Díaz cuando siendo profesores de la Universidad de Antioquia e integrantes del Comité Permanente de Derechos Humanos, se pronunciaron contra los asesinatos de importantes dirigentes sociales a manos de los escuadrones de la muerte. El desenlace de esta toma de partido fue la muerte del primero y exilio del segundo. El martirologio es largo y no es este el lugar para escribirlo. Interesa más bien destacar que lo que pretendían aquellos que causaron las muertes de profesores de las universidades públicas del país a finales de siglo XX y principios del XXI, era acallar su perspectiva política celebratoria de la vida y solidaria con los más desfavorecidos.

No solo a la universidad pública la constituye la política. También a la privada. La universidad del profesor Duncan recibió hace unos años como parte de sus profesores al empresario Pedro Carmona Estanga. El venezolano venía de ser la cabeza de un golpe de estado fracasado en la hermana república. No recuerdo ningún docente de  la universidad pública que denunciara el “mal mensaje” que le mandaba la institución a la sociedad, por el “homenaje a las armas” que se hacía contratando a alguien que pretendió derrocar por la fuerza un gobierno elegido democráticamente. Nadie habló de “academia capturada” por el golpismo. Era lógica y legítima la solidaridad de esa universidad con el empresario venido a menos.

Desde la seguridad que ofrecen las rejas del privilegio corporativo o el apoliticismo declarado, es muy fácil linchar a un colega caído en desgracia por su toma de partido. Es soberbio descalificar a un académico como irrelevante porque pertenece a una escuela distinta a la propia.

La VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales realizada en Medellín en noviembre de 2015, en la que se congregaron 800 investigadores de 45 países y promovida por la Unesco, la OEI, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia; era sobre “pensamiento crítico”.

En la universidad pública, alma y nervio de la sociedad colombiana, solo tenemos el principio de la autonomía universitaria como defensa para un exterior en crisis y ese es un principio político.

Tomado de opinión UdeA

Notas acerca de la “colombianización” de México I

Jorge Eduardo Suárez G.

Publicado en la revista El Topo N 5

México tenía 15,2 millones de habitantes en 1910. Para 1920 la población disminuyó a 14,3 millones. Este descenso demográfico es una secuela del proceso revolucionario desarrollado entre 1910 y 1917.

En un estudio realizado en 1993 por los mexicanos Manuel Ordorica y José Luis Lezama, se calculaba en 1,4 millones las muertes ocasionadas por la primera gran revolución del siglo XX. Se produjeron además 1,1 millones de nacimientos frustrados y más de 400 mil emigrados. En total fueron aproximadamente 3,4 millones de vidas afectadas por la violencia. Si el número de víctimas es sorprendente, los contornos que adquirió la violencia fueron dantescos: masacres, incendios, desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales -siendo las fuerzas del orden ganadoras en crueldad y sevicia-.

La hegemonía de 70 años del partido surgido de la Revolución -PRI-, dotó a la sociedad mexicana de cierto grado de estabilidad sociopolítica, igualdad económica y soberanía nacional. El pueblo mexicano no vivió la seguidilla de invasiones imperialistas, dictaduras militares y guerras civiles que sufrieron buena parte de los países latinoamericanos de Centro, Suramérica y el Caribe durante el siglo XX. Sin embargo, cuando el estado de cosas fue amenazado por los sectores populares movilizados, el partido de gobierno mexicano respondió con un desmedido uso de la fuerza. La “guerra sucia” contra las organizaciones de izquierda desarrollada por las fuerzas de seguridad del Estado en las décadas del sesenta y setenta, dejó entre 500 y 1000 desaparecidos.1

Cuando los estudiantes mexicanos se levantaron en 1968 reivindicando democracia, el establecimiento respondió con la masacre del 2 Octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en la que murieron una cifra aún indeterminada de jóvenes.

Éstos y otros ejemplos dan luces sobre una de las ideas que quiero plantear: La menor circulación social de la violencia en México durante buena parte del siglo XX -en comparación con otros países de América Latina- provenía de una eficaz combinación entre coerción y consenso ejercida por el partido de gobierno durante 70 años. Los atisbos de violencia desproporcionada -incomparablemente menores frente a los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar argentina- funcionaban como una ajuste de tuercas de la maquinaria corporativa. El PRI ordenaba antidemocráticamente la sociedad sin llegar a ejercicios represivos de largo aliento como el pinochetismo, el Somozismo o el Trujillismo.

Ante el colapso de la “Dictadura Perfecta” -término acuñado salameramente por Vargas Llosa en el momento de un PRI triunfante- la sociedad Mexicana se niveló a sus pares latinoamericanas.

Colapsada la cortina de hierro mesoamericana, la nación quedó expuesta de nuevo a las aventuras imperialistas de su vecino del norte. Se niveló también con sus pares latinoamericanos en cuanto a tragedias, víctimas y violencias internas.

En los últimos 5 años van 100.000 muertos en una sangría desatada por el narcotráfico y las fuerzas estatales, auspiciada por el consumo de drogas y tráfico de armas que tienen como eje los Estados Unidos. Esas muertes y el grado de sevicia con que se ejecutan recuerdan los 200.000 muertos de la guerra civil colombiana de mediados de siglo XX. Traen a la memoria las macabras escenas de los regímenes burocrático autoritarios del Cono Sur en la segunda mitad del siglo XX. Vuelven a la memoria las escenas de terror causadas por los dictadorzuelos del “bestiario tropical”.

Antes que de colombianización, creo es más pertinente hablar de la latinoamericanización de México. Ahora compartimos males y compartidas deberán ser las soluciones.

1La “guerra sucia” es un término acuñado por académicos y organizaciones de derechos humanos para dar cuenta de un período en el que las fuerzas de seguridad del Estado emplearon métodos ilegales de combate a las organizaciones de izquierda y movimientos populares, en el marco de la generalización en el continente de la Doctrina de Seguridad Nacional. La cifras oficiales hablan de 500 desaparecidos. Las organizaciones de víctimas y familiares hablan de 1000 aproximadamente.

¡La guerra es la paz! O de las “distopías” en Colombia

Por Jorge Eduardo Suárez

Publicado en la revista Distintas Latitudes en Sep 15 de 2011

http://www.distintaslatitudes.net/%C2%A1la-guerra-es-la-paz-o-de-las-distopias-en-colombia

Tomás Moro escribió en el siglo XVI una obra que se convirtió en un clásico de la filosofía política.  Le dio el nombre de “Utopía” ­-que podría traducirse como no lugar o lugar inexistente. En ese libro, el pensador inglés diseñó un proyecto de sociedad ideal donde reinaría la justicia y la equidad. En el siglo XVIII el término utopía se comenzó a utilizar para referirse a los proyectos que aspiraban a cancelar para siempre los antagonismos sociales en la tierra por medio de mecanismos de ingeniería social. Posteriormente, el concepto se incorporó al lenguaje político para designar las visiones sociales que aspiran a construir un futuro colectivo de justicia, igualdad y libertad -en diferentes combinaciones.

Las utopías, como proyectos de futuro, son parientes de la idea típicamente moderna de la perfectibilidad sin límites de las sociedades y los sujetos sociales, vía progreso técnico y/o planeación económico-social. Ya en el siglo XIX y XX, algunos intelectuales comenzaron a dudar de estas certezas modernas y a la idea de “utopía” le adicionaron su antónimo: distopía. Con este concepto querían dar cuenta de esos proyectos que lejos de proponer sueños de justicia y libertad, instalaban sobre las sociedades pesadillas totalitarias. El nazismo, el Fascismo, el Franquismo y Estalinismo serían ejemplos de este tipo de fenómenos sociales.

A la par de su aparición en el mundo real, la literatura de ciencia ficción del siglo XX narró magistralmente algunas distopías. Este es el caso de “1984” del inglés George Orwell, redactado en la década del 1950. En él se narra una distopía totalitaria que se desarrollaría en el año de 1984. La ficción literaria le sirve a Orwell como mecanismo de crítica al Estalinismo de su tiempo.

En esta obra, las mentes y los cuerpos de los individuos terminan por acostumbrarse a los dictados del Gran Hermano, el líder que guía y ordena al partido único y a la sociedad. Hay tres consignas con las que se bombardea a la población: “LA GUERRA ES LA PAZ, LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD Y LA IGNORANCIA ES LA FUERZA”. De esta forma, las tres frases y las ideas que representan, se van incorporando exitosamente a la conciencia colectiva.

En un país como Colombia con un conflicto armado de más de medio siglo de duración –que, según informaciones oficiales, ha causado 60.000 desaparecidos-, el clamor por la paz debería ser generalizado y las iniciativas para desactivar las hostilidades deberían ser centrales en la agenda política. Paradójicamente, son los tambores de la guerra los que parecieran resonar más fuerte en el país andino.

Desde 2002 se han presentado tres contiendas electorales para escoger presidente de la república. En todas ha ganado el candidato del partido de la guerra. Al principio de cada uno de estos tres períodos presidenciales hay anuncios apocalípticos: “El inicio del fin”, “el fin del fin”, “el puntillazo final”. Sin embargo, guerrillas, paramilitares y ejércitos privados gozan de buena salud, adaptándose a los retos de las nuevas guerras.

Es particular, las soluciones militares están tan enraizadas en el imaginario colectivo desde el siglo XXI colombiano que su aprobación social es evidente. La paz es uno de los temas menos redituables políticamente en Colombia: casi ningún político importante se atreve a alzar las banderas de la paz. Las pocas voces que lo hacen son etiquetadas como con el remoquete bushista de terrorista. Ese el caso de la ex senadora Piedad Córdoba.

Dada la permanencia del conflicto y la diversidad de actores e intereses que participan en él, en Colombia se sabe que no bastan las buenas intenciones para lograr el cese de las confrontaciones. Para lograr la paz se necesitan hechos de paz. Eso es lo que ha aportado Piedad Córdoba, hechos de paz -mas que cualquier otro colombiano contemporáneo.

El mundo entero se conmovió con las imágenes del cautiverio de los políticos, policías y militares secuestrados por las FARC. Este drama humanitario, que a muchas de las víctimas les significó casi una década de suplicio, sólo comenzó a solucionarse cuando intervino Piedad Córdoba. En el 2008 ella logró lo que parecía impensable: la libertad de algunos de los más importantes políticos secuestrados por la guerrilla, sin ninguna exigencia por parte de la guerrilla. Su incansable labor la llevo a recorrer buena parte de la geografía nacional e internacional haciendo gestiones de paz. No sólo logró la liberación de importantes personajes de la política; también humildes policías y militares salieron ilesos de la ignominia del secuestro.

Los que seguimos las imágenes de las liberaciones por televisión, vivimos momentos realmente emotivos al ver a familias reunirse después muchos años sin verse. Padres que habían visto a sus hijos pequeños, ahora los encontraban grandes. Hijos que temían no ver nunca más a sus ancianos padres, lograron abrazarlos de nuevo.

Quizá alguien dirá que la “Operación Jaque”, donde rescataron a Ingrid Betancourt y a los contratistas estadounidenses, no tiene nada que ver con la ex senadora Córdoba. Eso es sólo cierto en parte. La puesta en escena -en caso de que sea real- con la que se engañó a los guerrilleros, sólo tuvo credibilidad en la medida en que era una copia de la operación de liberación que había llevado a cabo Piedad Córdoba y el gobierno venezolano meses atrás. Fue falsificando los emblemas de los organismos humanitarios y periodísticos que acompañaron a Córdoba en la primera entrega de secuestrados, que el ejército logró que los guerrilleros creyeran que se trataba de una operación similar. Sin la intervención de ella, “Jaque” no hubiera sido posible.

Pese a todas las trabas puestas por el presidente Uribe y su, en ese entonces, ministro de defensa Juan Manuel Santos, Piedad Córdoba prosiguió sus labores de mediación y logró la liberación de aproximadamente 15 personas entre el 2008 y el 2011. Sin derramar sangre, sin disparar un tiro. Eso no valió para que ese sector, que hace tres elecciones vota por el partido de la guerra, moderara su animadversión contra la senadora.

Como integrante de la oposición, Piedad Córdoba ha tenido que enfrentar grandes retos en un país en guerra. En los noventa fue secuestrada por los paramilitares y sus hijos tuvieron que salir como refugiados del país. Uno de sus asesores fue asesinado por “la mano negra”. El hecho de ser mujer afrodescendiente la ha hecho objeto de infinidad de improperios en una sociedad profundamente racista y machista.

A raíz de su labor de mediación por la libertad de los secuestrados, los ataques contra ella arreciaron desde el 2008. No bastó con someterla a insultos en aeropuertos y sitios públicos. No bastó con circular fotomontajes con su imagen por internet. No fue suficiente con intervenir sus comunicaciones y acabar con su vida privada. No bastó con convertirla en enemigo público número uno en una sociedad donde “LA IGNORANCIA ES LA FUERZA”. Después de haber sacado una de las votaciones más grandes para el  senado de la república en el 2010, fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por un procurador al servicio del partido de la guerra.

El establecimiento político tembló ante el ímpetu de una mujer con experiencia, capacidad y carácter. Las élites políticas machistas de esta finca sólo admiten como colegas a mujeres blancas y de derecha. En 2011 fue asesinada Ana Fabricia Córdoba en Medellín, su prima, líder de comunidades desplazadas por la violencia. Sin embargo, eso no era suficiente para amedrentar ni acabar con la luchadora antioqueña. En agosto del 2011, Piedad salió exiliada de Colombia al descubrirse un plan criminal para matarla. Es al menos curioso que sean los organismos de seguridad del Estado, quienes la han perseguido hasta el cansancio, los que descubran un complot que la haga salir del país.

El partido de la guerra está batiéndose a muerte contra cualquier posibilidad seria de paz. Para ellos LA PAZ ES LA GUERRA. Una buena parte de la población los apoya.

Para ese conglomerado LA LIBERTAD ES LA ES LA ESCLAVITUD.

Adenda: Curioso ver como esta distopía se convierte en un paraíso turístico a la fuerza.

EL DÍA QUE REGRESÓ ZELAYA: ESTRATEGIAS Y RAZONES DEL SILENCIO MEDÍATICO

Por: Jorge Eduardo Suárez Gómez

Publicado en http://www.resistenciahonduras.net/index.php

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35 años del golpe militar en Argentina y la persistencia de la violencia en Colombia

Por Jorge Eduardo Suárez Gómez

Publicado en la revista Distintas Latitudes N°12, Abril de 2011. <http://www.distintaslatitudes.net/?p=1388>

Hace 35 años, El 24 de marzo de 1976, se llevaba a cabo con éxito uno de los golpes militares más sangrientos en la historia Argentina y latinoamericana. Las cifras más conservadoras e institucionales hablan de 10.000 desaparecidos, mientras que movimientos de víctimas como las Madres de la Plaza de Mayo hablan de 30.000. Recordar el grado de brutalidad, crueldad y sevicia con que actuaron las juntas militares hace estremecer a cualquiera, aún tres décadas después de acontecidos los hechos. Son bien conocidos los métodos de lucha de los ejecutores de la “limpieza ideológica”:“la picana”, “el submarino”,“el soplete”-que como denunciaba Rodolfo Walsh, constituían la actualización contemporánea de las técnicas de los inquisidores medievales: el potro, el torno y el despellejamiento en vida-.(1)

Los militares argentinos fueron pioneros -junto con sus pares chilenos-, en “la correcta” aplicación de un modelo que con particularidades nacionales, se propagó por América Latina: una combinación de anticomunismo, conservadurismo autoritario, oscurantismo católico, colonialismo interno y liberalismo económico periférico. Esta original mezcla generó prohibición de los partidos, intervención de los sindicatos, censura de la prensa, privatizaciones, completa libertad para la multinacionales y la articulación a nivel continental de las derechas. Se masificaron los secuestros, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los delitos sexuales y las desapariciones.

Éstas son sólo algunas de las lecciones que esos aventajados y precoces alumnos, aplicaron bajo la batuta del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CIA, la ITT y el Departamento de Estado. Después de 7 años de oscuridad, en 1983, sectores de la sociedad argentina en los que brillaban movimientos sociales y personas de inclaudicable dignidad, lograron poner fin a tan amarga pesadilla. Llevaron al Estado a “transitar” hacia un modelo donde la desaparición, la tortura y el asesinato, no fueran la única respuesta del bloque en el poder hacia sus competidores, detractores, críticos y “sospechosos”.

En este proceso transicional -que aún no acaba- hay de manera incompleta, algo de “verdad” sobre el pasado. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) produjo el famoso informe “Nunca más”, que es hasta nuestros días, un texto de amplia recepción en Argentina y en el mundo. Abundan las películas, las obras literarias y académicas que tratan el tema de la dictadura militar desde la perspectiva de las víctimas. Parte de la consecución de la verdad, es la creciente conciencia de que el golpe orquestado por militares reaccionarios, se sostuvo porque fue acompañado por sectores de la sociedad que se hicieron los de la vista gorda ante la sistemática represión.

En cuanto a la “justicia” parece haber más escasez. De acuerdo con el abogado Rubén Arroyo -que participa desde 1984 en los intentos de judicialización de los represores-, 35 años después, Argentina “ha avanzado lentamente en el juicio y encarcelamiento de los responsables”.(2) Sin embargo, son notorios los avances en desmontar las garantías legales que impusieron gobiernos anteriores para blindar a los militares de posibles persecuciones judiciales, lo que ha permitido iniciar juicios. Hay otro tipo de justicia “comunitaria” bastante efectiva, que es el repudio social a los represores en la cotidianidad.

El mantenimiento de la búsqueda de la verdad y la justicia, permite que 35 años después, adultos que fueron niños robados y criados por los militares y sus cómplices, encuentren a sus familias biológicas.

La “reparación” no monetaria es bastante interesante. Museos como el de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada, antiguo centro clandestino de detención) y la gran cantidad de “lugares de memoria”, indican que de alguna u otra forma el recuerdo y la reivindicación de los desaparecidos, sigue siendo una de las discusiones centrales en la sociedad.

Las características de la sociedad argentina después del golpe, permiten pensar que el proceso social transicional ha logrado institucionalizar al menos por el momento, el “Nunca más”. No se podría decir lo mismo para el caso de Colombia. En este país suramericano fuertemente marcado por la violencia, la “original combinación” inaugurada por los militares chilenos y argentinos, sigue teniendo vigencia -aunque con sus propias particularidades-. El modelo político articula allí vía democracia electoral, el conservadurismo autoritario, el oscurantismo católico, el anticomunismo, el colonialismo interno y el liberalismo económico. Continúan las procesos privatizadores de lo que aún queda bajo la órbita estatal. Colombia es un de los países más peligrosos del mundo para ser sindicalista y militante de base de movimientos sociales de izquierda. Después de Sudán es el país del mundo con mayor número de desplazados internos. El actual gobierno quiere hacer de la minería el eje central del proceso de acumulación, lo que hace que las multinacionales operen con bastante libertad. Desde 1998, los gobiernos colombianos son los principales aliados de los Estados Unidos en la región y el epicentro de la confluencia de las derechas desde el Rio Bravo a la Patagonia.

El grado de descomposición, crueldad y sevicia de los estamentos castrenses en Colombia, los hermana con sus antecesores argentinos. Al igual que éstos, los policías, militares e infantes de marina del país andino, hacen de su deber constitucional una guerra contra civiles inermes, plagada de acciones fuera de la legalidad. La excepcionalidad es la regla, en una guerra sin límites morales, “más allá del bien y del mal”, como decía uno de los represores argentinos, citado por Walsh.

Del 2008 al 2010 fueron judicializados por la misma Policía Nacional de Colombia, 258 integrantes de esta institución por sus vínculos con las llamadas Bandas Criminales o BACRIM(3), que son los herederos de las “desmovilizadas” Autodefensas Unidas de Colombia -paramilitares-, cuya entrega al gobierno de Uribe ha sido bastante cuestionada últimamente por la información contenida en algunos “wikileaks”.

Requeriría mucho espacio enumerar los hechos de represión generalizada en los últimos años. Bastan algunos ejemplos ilustrativos. A principios del 2010, fue encontrada en el departamento del Meta -oriente-, una fosa común con 2000 personas, donde el ejército depositaba cadáveres como NN -sin identificar-, desde el 2005. Parlamentarios ingleses que estuvieron en la zona corroboraron la existencia del macabro hallazgo, e indicaron que los vecinos afirmaban que los ahí enterrados no eran guerrilleros -como afirmaba el ejército- sino lideres comunitarios y campesinos “desaparecidos misteriosamente”.(4). De acuerdo con la Fiscalía general de la Nación -organismo oficial-, en el país habrían más de mil fosas comunes.

Muchos de los enterrados como NN podrían ser víctimas de los llamados “falsos positivos”, que de acuerdo con la ONU es “la práctica de presentar como muertos en combate personas que se encontraban a disposición del Ejército”, para poder cobrar recompensas.(5) En el informe de la Alta Comisionada sobre los DD. HH de Naciones Unidas publicado en el 2011, se mostraba que en Colombia las víctimas de esta práctica estatal son aproximadamente 3000, la mayoría ocurridos entre el 2004 y el 2008 mientras Álvaro Uribe era el primer mandatario y Juan Manuel Santos -actual presidente- era ministro de defensa. En un informe de Medicina Legal (2010), se señaló que entre 2007 y 2009 fueron reportados sólo a esa entidad oficial, 38.255 personas como desaparecidas. En el citado informe de la ONU se habla, para noviembre de 2010, de 51.310 desapariciones registradas “de las cuales 12.632 han sido consideradas presuntas desapariciones forzadas.”(6).

Las cifras oficiales de la desaparición forzada en Colombia para solo 3 años (2007-2009), superan el techo de las no oficiales, denunciadas para los 8 años de la ignominia militar en argentina. La comparación -que debe reconocer las diferencias históricas- no lleva a relativizar la crudeza de la tragedia vivida entre 1976 y 1983. Pretende más bien, evidenciar las dimensiones del drama que viven actualmente los más pobres de Colombia por obra de aquéllos que tienen el deber de protegerlos -sin ser los únicos victimarios-. Parafraseando a Walsh -cuando hablan de sus propios verdugos-, se puede decir que las fuerzas militares del país andino no son la “fiel de la balanza entre ‘violencias de distintos signos’”, sino una de las propias fuentes de la violencia.(7)

Si en Argentina 35 años después de culminados los hechos trágicos, no se ha podido conseguir completamente la verdad, la justicia y la reparación; qué esperar de un país donde no existe esa voluntad colectiva para transitar a un modelo social donde NUNCA MAS halla desaparecid*s, secuestrad*s, torturad*s, asesinad*s, desplazad*s y exiliad*s. Ojalá la persistencia de la violencia estatal en Colombia no sea porque se leen los informes “al revés”, como dice el maestro Molano: “La violación de los DD. HH. se hace pasar como control de los factores perturbadores del orden. O sea: de las condiciones de relativa estabilidad política que hacen posible las altas tasas de ganancia basadas en la explotación, la corrupción, el chantaje y los sobornos. Por esa razón aprecian los informes de la ONU y de muchas ONG, porque los leen al revés. Donde se dice violación, leen provecho y favorabilidad; donde dice represión, leen garantías inversionistas, cohesión social, orden institucional, seguridad democrática.”(8).

Notas

1.Walsh, Rodolfo (1977). Carta abierta de un escritor a la Junta Militar , página 2.
2. Red Universitaria de Comunicación. Noticias del frente, “La justicia está llegando muy tarde”, 24/03/2011, [25 de marzo de 2011].
3. Elespectador.com, “285 policías han sido destituidos por vínculos con las bandas criminales”, 28 /02/2011, [29 febrero de 2011].
4. Publico.es. “Aparece en Colombia una fosa común con 2.000” cadáveres”, 26/01/2010 [23 de marzo de 2011].
5.- Molano, Alfredo (2011).“El Informe”, 27/02/11, , [2 de marzo de 2011].
6. Ibid.
7. Walsh, op.cit; página 4.
8. Molano, op.cit.

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comentarios
  1. Sergio Montoya Diaz dice:

    Me encanta la claridad de tu escritura, de acá en adelante serás molanito. Mi viejo un abrazo y felicitaciones.

    La diferencia es además que en Argentina acabo la horrible noche, la nuestra es una noche que nunca termina, porque nuestra sociedad así lo quiere. Qué cosa.

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